Busca iniciativa castigar hasta con seis años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor
* Diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) impulsa añadir el artículo 335 Bis al Código Penal Federal
Lino Calderón
* Diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) impulsa añadir el artículo 335 Bis al Código Penal Federal
Lino Calderón
La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a fin de tipificar y sancionar con una pena de tres a seis años de prisión y multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que abandone a una persona adulta mayor.
Considera como acreedor a estas penas a todo el que abandone a una persona mayor teniendo el deber jurídico de cuidado, asistencia, protección o vigilancia derivado de disposición legal, resolución judicial, vínculo familiar, tutela, guarda, custodia o cualquier otra circunstancia que le imponga dicha obligación, colocándola en una situación de desamparo que ponga en peligro su vida, salud, integridad física, integridad psicológica o dignidad.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida.
Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado, vías públicas o cualquier otro lugar que comprometa gravemente la seguridad de la víctima.
De igual manera, siempre que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, persona tutora o responsable de hecho del cuidado de la persona mayor, o la conducta tenga como finalidad evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado.
Además, si como consecuencia del abandono la víctima sufriere lesiones que pongan en peligro su vida, produzcan una afectación permanente en su salud o agraven de manera significativa una condición médica preexistente, se impondrá una pena de seis a diez años de prisión y multa de 600 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa también propone que cuando a consecuencia del abandono sobrevenga la muerte de la persona adulta mayor, se dará una condena de diez a quince años de prisión y multa de mil a mil 500 veces el valor diario de las Unidad de Medida y Actualización.
En la exposición de motivos, Chedraui Peralta explica que el abandono no se limita a la falta de cuidados materiales o económicos; es una forma de violencia estructural y relacional que se manifiesta en múltiples dimensiones, como la negligencia en la atención médica y alimentaria, el despojo patrimonial y, en los casos mas extremos, el abandono físico en hospitales, asilos o incluso en la vía pública.
Subraya que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha documentado que al menos el 16 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país se encuentra en situación de abandono o maltrato, lo que equivale a más de 2.7 millones de personas que sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.
Señala que la determinación amplia de los sujetos obligados al cuidado, que incluye no solo a los familiares, sino también a cuidadores renumerados, personal de instituciones y profesionales de la salud, permite una protección más efectiva, especialmente en contextos donde el abandono ocurre en instituciones o bajo el cuidado de personas no familiares.
Por ello, la diputada expone que no se trata de un problema menor o de un asunto privado que deba resolverse en el seno de las familias, sino de una violación flagrante de los derechos humanos que exige una respuesta firme y decidida del Estado.
Considera como acreedor a estas penas a todo el que abandone a una persona mayor teniendo el deber jurídico de cuidado, asistencia, protección o vigilancia derivado de disposición legal, resolución judicial, vínculo familiar, tutela, guarda, custodia o cualquier otra circunstancia que le imponga dicha obligación, colocándola en una situación de desamparo que ponga en peligro su vida, salud, integridad física, integridad psicológica o dignidad.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida.
Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado, vías públicas o cualquier otro lugar que comprometa gravemente la seguridad de la víctima.
De igual manera, siempre que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, persona tutora o responsable de hecho del cuidado de la persona mayor, o la conducta tenga como finalidad evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado.
Además, si como consecuencia del abandono la víctima sufriere lesiones que pongan en peligro su vida, produzcan una afectación permanente en su salud o agraven de manera significativa una condición médica preexistente, se impondrá una pena de seis a diez años de prisión y multa de 600 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa también propone que cuando a consecuencia del abandono sobrevenga la muerte de la persona adulta mayor, se dará una condena de diez a quince años de prisión y multa de mil a mil 500 veces el valor diario de las Unidad de Medida y Actualización.
En la exposición de motivos, Chedraui Peralta explica que el abandono no se limita a la falta de cuidados materiales o económicos; es una forma de violencia estructural y relacional que se manifiesta en múltiples dimensiones, como la negligencia en la atención médica y alimentaria, el despojo patrimonial y, en los casos mas extremos, el abandono físico en hospitales, asilos o incluso en la vía pública.
Subraya que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha documentado que al menos el 16 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país se encuentra en situación de abandono o maltrato, lo que equivale a más de 2.7 millones de personas que sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.
Señala que la determinación amplia de los sujetos obligados al cuidado, que incluye no solo a los familiares, sino también a cuidadores renumerados, personal de instituciones y profesionales de la salud, permite una protección más efectiva, especialmente en contextos donde el abandono ocurre en instituciones o bajo el cuidado de personas no familiares.
Por ello, la diputada expone que no se trata de un problema menor o de un asunto privado que deba resolverse en el seno de las familias, sino de una violación flagrante de los derechos humanos que exige una respuesta firme y decidida del Estado.
