Imputados por abuso de autoridad y contra la administración de la justicia fueron denunciados cuatro altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) de Veracruz en el máximo órgano anticorrupción del gobierno federal.
Encabeza la lista, Mauricio Alexandro Rosaldo García, hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo, subalterno de la gobernadora Rocío Nahle cuando estuvo en la Secretaria de Energía (SE).
Junto con él, Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público de la Federación; Andrea González Castillo, fiscal en jefe del EIL ll y Virginia Blanco Hernández, titular de la Célula Primera de Investigación todos en Xalapa, Veracruz.
Jorge Reyes Peralta, defensor de la empresa Agrogema Agro Sociedad Anónima de Capital Variable ante la Fiscalía para la Atención de Delitos por hechos de Corrupción Cometidos por Personas Servidoras Públicas de la FGR, denunció que después de aseguramiento de las instalaciones y cinco aeronaves, la carpeta de investigación ni se judicializa ni se cierra, lo que ocasiona, en ocho meses, pérdidas millonarias para el corporativo dedicado a fumigar y regar sembradíos de caña de azúcar y otros productos.
Apenas ingresó la denuncia, la FGR-Veracruz dijo que imputará el probable delito de uso ilícito de instalaciones aéreas. Ello, coloca en aprietos a la Sedena y Marina, debido a que las pistas se ubican a 2 minutos aire del aeropuerto de Veracruz dentro del radar de alta seguridad.
En la denuncia de hechos, expone que el pasado 6 de enero, los funcionarios señalados iniciaron una carpeta de investigación contra la empresa Agrogema Agro Sociedad Anónima, solo con una denuncia anónima, lo cual dio pie a una orden de cateo en las instalaciones ubicadas en Camino Lomas del Porvenir 387, municipio Medellín, Veracruz.
En ese sitio, se localiza el centro de operaciones de la empresa y desde donde parten aeronaves (helicópteros) para tareas de fumigación de áreas agrícolas, la mayoría ingenios azucareros, aunque también otorga servicio a otros particulares.
El cateo, argumentó el abogado, se hizo fuera de los procedimientos de ley, debido a que no se establecieron zonas, horarios y objetivos de búsqueda. Los agentes del Ministerio Público dirigidos por Mauricio Alexandro Rosaldo García, ingresaron a todas las instalaciones de la empresa: oficinas, helipuertos, patios, bodegas y hasta el cuarto-dormitorio de un velador, a quien le hallaron unas armas que, según declaró posteriormente, eran de su propiedad (para defensa personal) y no de la empresa.
Con el cateo 03/2026 –carpeta FED/VER/VER/0003156/2026—, que se prolongó más de la cuenta, sin estar precisas las áreas a inspeccionar, los agentes aseguraron cinco helicópteros utilizados para fumigación y mantener fuera de plagas cultivos de caña de azúcar en el estado de Veracruz y la República Mexicana. También se aseguraron vehículos terrestres y otras pertenencias de los dueños de la empresa.
La denuncia anónima fue recibida por Aldo Sánchez Galicia, Oficial Investigador “B” de la Policía Federal Ministerial, en la que una persona que dijo ser vecina de la comunidad de Medellín de Bravo expuso de manera genérica y bajo reserva de identidad que en dicha comunidad existían dos helipuertos presuntamente carentes de permisos, ubicados en “Rancho Ingeniero David Torres” y “Rancho Grupo Torque”.
Expresó, que en esos lugares, en distintos días y horarios indeterminados, se habrían observado actividades irregulares y la presencia de personas armadas, sin precisar mayores detalles.
Con las presunciones, la autoridad ministerial se constituyó y expuso en un informe de investigación criminal, fechado el 23 de diciembre de 2025, folio FGR/AIC/PFM/UDN/JPFMVER/VER/MM/6968/2025, elaborado por Alejandro Amilcar Pereyra Zariñán, oficial investigador, que desde diciembre de 2025 se habían realizado sobrevuelos con equipos no tripulados (drones) sobre las áreas de la empresa Agrogema Agro y, presuntamente, observaron “personas caminando en el interior del inmueble, una de ellas aparentemente armada, que se ocultaron en la vegetación”.
El abogado Reyes Peralta, acusó que el uso del vehículo aéreo no tripulado se ejecutó rebasando los límites de la visibilidad pública ordinaria y se vulneró de forma deliberada la expectativa razonable de privacidad del terreno.
De acuerdo con el documento, el Ministerio Público invocó como indicio el oficio 41232463, del 19 de diciembre de 2025, firmado por la directora de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en el que se hizo constar que el helipuerto “Ingeniero Torres David”, sí cuenta con permiso para la administración, operación y explotación.
Otra violación de la autoridad ministerial, documentada, es que durante el cateo se aseguraron bienes que no son propiedad de Agrogema Agro y hasta la fecha –según se expone en la denuncia –“no existe constancia clara de las circunstancias, motivos o lugar específico en que dichos bienes fueron asegurados”.
Superada la etapa de cateos y aseguramientos siguió una larga lista de violaciones legales y anomalías cometidas por los funcionarios denunciados.
Los accionistas de la empresa presentaron documentos para acreditar la propiedad de los bienes asegurados; permisos de operación tanto del helipuerto como de las aeronaves y todo estaba en regla.
Debido a que todo estaba en orden, se solicitó información sobre la carpeta de investigación, pero el fiscal del caso –Rosaldo García— dijo que él ya no tenía dicha carpeta. La delegación de la FGR en Veracruz está ubicada en el puerto de Veracruz, pero para ocultar la mencionada carpeta la enviaron a una oficina alterna de la ciudad de Xalapa, sin notificar el cambio de adscripción a los dueños de la empresa.
Después de varios meses de vacío, los abogados de la empresa solicitaron al Ministerio Público Federal el acceso a la carpeta de investigación –lo cual les permitieron pero sin darles acceso a las partes, según ellos, medulares de la investigación --; les autorizaron que personal especializado, sobre todo técnicos, les dieran mantenimiento a las aeronaves, pero negaron pruebas de rigor como hacer sobrevuelos, lo cual es elemental en un servicio especializado para aeronaves.
El argumento de la FGR para negar otras solicitudes fue que faltaban diligencias por cumplimentarse, como la inspección en las instalaciones de la empresa con binomios caninos para rastrear drogas, armas y uniformes ampliados de la Agencia Federal de Aviación Civil.
La FGR de Veracruz incurrió en más violaciones. Por ejemplo, el 26 de febrero de 2026, personal ministerial ingresó a la empresa Agrogema Agro y retiró, sin autorización, cámaras de videovigilancia, sin que existiera constancia formal ni control judicial.
Un mes después, en marzo de 2026, los dueños de la empresa le hicieron saber a la autoridad federal respecto de la afectación mecánica y de los sistemas de las aeronaves aseguradas, las cuales hasta la fecha llevan ocho meses paradas, como consecuencia del aseguramiento.
De acuerdo con estudios realizados por técnicos contratados por la compañía, en los helicópteros se hallaron daños como corrosión en las hélices; también en los rotores de cola e instrumentos de navegación, pues tanto la humedad, el salitre de la zona y la falta de uso derivan en daños que pueden ser irreparables y causar accidentes, si en los mantenimientos autorizados no se incluyeron pruebas de vuelo.
A la fecha, transcurrido ocho meses del aseguramiento y dado que la carpeta de investigación todavía no se judicializa –pero tampoco se cierra por falta de elementos probatorios— el pasado 24 de marzo de este año el abogado de la empresa, Jorge Reyes Peralta, solicitó a la FGR-Veracruz la devolución “de la totalidad de los bienes asegurados” y expuso una razón contundente: Que la empresa que representa mantiene contratos vigentes con ingenios azucareros y productores agrícolas que no puede cumplir al encontrarse privada de su principal herramienta de trabajo: Los helicópteros.
El aseguramiento indefinido, además de los daños a las aeronaves y pérdidas financieras, también conlleva otros perjuicios. Dice el abogado postulante en su querella:
Además de la devolución de los vehículos asegurados, necesarios para el desarrollo de actividades comerciales de la empresa, a esta solicitud se acompaña reporte técnico elaborado por mecánicos certificados por el fabricante de los helicópteros, en el que ya se advertía la existencia de daños de corrosión, reiterándose a la autoridad que el mantenimiento previamente realizado había resultado insuficiente.
Finalmente, se hizo del conocimiento de la Representación social que el inmueble asegurado constituía además el domicilio fiscal y centro de operaciones de la empresa, y que esta continuaba soportando obligaciones fiscales y laborales sin poder desarrollar normalmente su actividad comercial, ni generar los ingresos necesarios para hacerles frente, advirtiéndose expresamente el riesgo de que la prolongación de dicha situación pudiera conducir a la empresa a la quiebra… Ante lo anterior, no hubo respuesta por parte de la autoridad.
Este hecho, derivó en un segundo juicio de amparo –518/2026 –en el que se reclamó la negativa expresa de devolver los bienes asegurados. Entre otros alegatos expuestos a la autoridad está el hecho de que “una simple” carpeta de investigación no puede mantener bienes asegurados de manera indefinida, pues en este caso, como se desprende de los hechos, le FGR-Veracruz no ha enviado la carpeta a la Federación porque carece de pruebas para ello; sin embargo, tampoco procede a cerrarla y a declarar el no ejercicio de la acción penal.
La empresa Agrogema Agro, tenía una actividad permanente y continúa en la fumigación de sembradíos de caña y otros. De acuerdo con datos obtenidos, fumigaba un total de diez hectáreas diarias, unas doscientas por helicóptero.
Por cada hectárea fumigada o regada, la empresa cobraba 550 pesos diarios, equivalentes a 550 mil pesos por día; sin embargo, desde que le fueron aseguradas las aeronaves y sus instalaciones, la compañía ha sufrido pérdidas por más de 40 millones de pesos.
Y, para no incurrir en incumplimiento de contratos, debido a que las penalidades son millonarias, Agrogema Agro presta el servicio con helicópteros rentados.
Llama la atención de la defensa y sus clientes que ni la empresa o sus cuentas fueran aseguradas. “Agorgema Agro sigue operando y sus cuentas están sanas. Todo está en orden al igual que los permisos de helipuertos y uso de aeronaves”, indica el abogado Reyes Peralta.
De toda esta situación, en Veracruz, se maneja que detrás de la denuncia anónima contra la empresa, la carpeta de investigación, el cateo de instalaciones, aseguramiento de aeronaves y bienes, podría existir la posibilidad de intereses políticos que pretende llevar a la quiebra a la compañía Agrogema Agro para quedarse con el negocio.
El Fiscal Federal radicado en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, uno de los denunciados, es hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, incondicional de la gobernadora Rocio Nahle, pues fue responsable de las finanzas en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante lo anterior, subyace una enorme sospecha que apunta a Palacio de Gobierno, en Xalapa y que debe ser investigada en la federación por el equipo de Ernestina Godoy y la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se exige la remoción del Fiscal Rosaldo García por estar denunciado.
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