Higinio Martínez solicita que se presente dictamen sobre prohibición de celulares en educación básica

    La Presidencia de la Mesa Directiva emitió una excitativa a las comisiones de Educación y Estudios Legislativos.

Lino Calderón

 El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, emitió una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica.
 Se trata de un proyecto para adicionar un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia o necesidades educativas especiales.
 La iniciativa, que fue presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, el 10 de diciembre de 2025, también propone que el personal docente y directivo retenga los dispositivos móviles de las y los estudiantes durante el horario escolar y los devuelva al término de la jornada.
 En la sesión matutina del pasado 14 de septiembre, Higinio Martínez dio a conocer que a petición del legislador Alberto Anaya “esta presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, en materia de prohibición del uso de dispositivos móviles a las y los educandos de nivel básico”.
 En el documento se deja en claro que esta medida no es arbitraria ni restrictiva, sino que se sustenta en evidencia científica sólida, que demuestra que el uso indiscriminado de pantallas en el aula fragmenta la atención, satura la memoria de trabajo y afecta el rendimiento académico, además de incidir negativamente en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

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Proponen aumentar penas a quien cometa fraude a persona adulta mayor a través de medios electrónicos

Proponen aumentar penas a quien cometa fraude a una persona adulta mayor a través de medios electrónicos

Lino Calderón 

La tecnología no debe convertirse en una herramienta para aprovecharse de personas de mayor vulnerabilidad: diputado Martínez López (PAN)
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) promueve reformar el Código Penal Federal para aumentar las penas hasta en más de la mitad de las que están vigentes en contra de quienes cometan fraude bajo engaño a una persona adulta mayor, a través de plataformas digitales u otras aplicaciones.
La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia para dictamen, plantea modificar el artículo 386 del citado Código, que actualmente señala que comete el delito de fraude el que engañando a otra persona o aprovechándose de un error en el que ésta se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido.
Agrega que el delito de fraude se castigará con prisión de tres días a seis meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario. De seis meses a tres años de prisión y multa de diez a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario y de tres a 12 años de prisión y multa hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuera mayor de 500 veces el salario.
Con base en ello, el diputado Martínez López propone que las penas previstas en las fracciones anteriores se aumenten hasta en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando el fraude se cometa mediante el uso de medios electrónicos, plataformas digitales, aplicaciones y mensajes electrónicos o de texto, páginas de internet o cualquier otro medio tecnológico y la víctima sea una persona adulta mayor.
Señala que se entenderá por persona adulta mayor a quien tenga sesenta años o más, conforme a la legislación aplicable.
El legislador asegura que la modificación que promueve no crea un nuevo delito ni pretende criminalizar el uso de herramientas digitales; por el contrario, reconoce que los medios tecnológicos pueden ser utilizados como instrumentos para ejercer conductas que ya se encuentran prohibidas por la legislación penal cuando sean utilizadas en contra de un grupo que requiere una protección avanzada.
En sus consideraciones, indica que esta medida también permite mantener una adecuada proporcionalidad entre la conducta y su sanción, por lo que no todo será considerado automáticamente fraude digital agravado, para lo cual será necesario acreditar la existencia del delito y que se haya cometido mediante alguno de los medios tecnológicos expresamente contemplados por la norma y que la víctima sea una persona adulta mayor.
Desde esta perspectiva, subraya que la iniciativa busca enviar un mensaje claro en el sentido de que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una herramienta para aprovecharse de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Puntualiza que no se deber permitir que la modernización tecnológica avance más rápido que la capacidad del Estado, por lo que la penalización se debe adaptar a las nuevas formas en que se cometen los delitos, en particular cundo son utilizadas para facilitar el engaño y afectar el patrimonio de las personas adultas mayores.

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