Proponen 42 años de cárcel a montachoques y extorsionadores
*El Senado alista la aprobación de una nueva Ley contra la Extorsión que endurece las penas y sanciona a autoridades que permitan o no denuncien estos delitos.
Redacción
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado distribuyeron el proyecto de dictamen de la nueva ley contra la extorsión en la que proponen hasta 42 años de cárcel a delincuentes que cobran derecho de piso, los llamados montachoques y los reos que usan el teléfono para sacar dinero de las víctimas.
La iniciativa contiene cambios respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a fin de elevar las sanciones para los extorsionadores y autoridades que permitan que se cometa este delito o no lo denuncien.
El dictamen, que comenzó a circular la tarde de este lunes para que sea aprobado mañana por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 años y un máximo de 25 años.
Sin embargo, contiene agravantes que llevan la pena máxima hasta los 42 años de prisión para quien cometa delitos como los llamados montachoques, el cobro de piso y las llamadas desde los centros penitenciarios para extorsionar.
La nueva ley incluye que se castigará hasta con 20 años de cárcel a los policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que no denuncien los actos de corrupción que conozcan.
Y establece prisión de hasta 12 años a quien introduzca a un centro de reclusión teléfonos inteligentes o cualquier dispositivo electrónico que permita la realización de llamadas o la transmisión de imágenes-
También, contempla sanciones de hasta 30 años de cárcel a cualquier autoridad penal que permita las condiciones para realizar extorsiones desde el interior de un centro de reclusión.
La extorsión es un delito en el que una persona obliga a otra a entregar dinero, bienes o algún beneficio bajo amenazas. Puede presentarse de muchas formas: desde llamadas en las que un delincuente se hace pasar por autoridad o familiar, hasta cobros forzados a negocios conocidos como "derecho de piso".
En todos los casos, la víctima cede por miedo a sufrir daños físicos, perder su patrimonio o poner en riesgo a su familia.
Dentro de las modalidades de extorsión están los llamados montachoques. Se trata de grupos o individuos que provocan accidentes viales de forma deliberada para exigir dinero inmediato a los conductores.
Generalmente operan con vehículos viejos o dañados, eligen zonas sin cámaras de vigilancia y actúan con rapidez para presionar a la víctima. Tras generar el choque de manera intencional, acusan al otro conductor de ser responsable y, mediante amenazas, intentan obligarlo a pagar en el momento para "evitar problemas", sin involucrar a la aseguradora.
En algunos casos incluso utilizan cómplices que se hacen pasar por testigos o supuestos ajustadores. Las autoridades consideran esta práctica una forma de extorsión porque se basa en intimidación, engaño y la exigencia de un pago injustificado.
Estos métodos se han vuelto frecuentes en distintas ciudades del país, lo que ha obligado a endurecer las penas y reforzar las medidas de prevención.
*El Senado alista la aprobación de una nueva Ley contra la Extorsión que endurece las penas y sanciona a autoridades que permitan o no denuncien estos delitos.
Redacción
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado distribuyeron el proyecto de dictamen de la nueva ley contra la extorsión en la que proponen hasta 42 años de cárcel a delincuentes que cobran derecho de piso, los llamados montachoques y los reos que usan el teléfono para sacar dinero de las víctimas.
La iniciativa contiene cambios respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a fin de elevar las sanciones para los extorsionadores y autoridades que permitan que se cometa este delito o no lo denuncien.
El dictamen, que comenzó a circular la tarde de este lunes para que sea aprobado mañana por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 años y un máximo de 25 años.
Sin embargo, contiene agravantes que llevan la pena máxima hasta los 42 años de prisión para quien cometa delitos como los llamados montachoques, el cobro de piso y las llamadas desde los centros penitenciarios para extorsionar.
La nueva ley incluye que se castigará hasta con 20 años de cárcel a los policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que no denuncien los actos de corrupción que conozcan.
Y establece prisión de hasta 12 años a quien introduzca a un centro de reclusión teléfonos inteligentes o cualquier dispositivo electrónico que permita la realización de llamadas o la transmisión de imágenes-
También, contempla sanciones de hasta 30 años de cárcel a cualquier autoridad penal que permita las condiciones para realizar extorsiones desde el interior de un centro de reclusión.
La extorsión es un delito en el que una persona obliga a otra a entregar dinero, bienes o algún beneficio bajo amenazas. Puede presentarse de muchas formas: desde llamadas en las que un delincuente se hace pasar por autoridad o familiar, hasta cobros forzados a negocios conocidos como "derecho de piso".
En todos los casos, la víctima cede por miedo a sufrir daños físicos, perder su patrimonio o poner en riesgo a su familia.
Dentro de las modalidades de extorsión están los llamados montachoques. Se trata de grupos o individuos que provocan accidentes viales de forma deliberada para exigir dinero inmediato a los conductores.
Generalmente operan con vehículos viejos o dañados, eligen zonas sin cámaras de vigilancia y actúan con rapidez para presionar a la víctima. Tras generar el choque de manera intencional, acusan al otro conductor de ser responsable y, mediante amenazas, intentan obligarlo a pagar en el momento para "evitar problemas", sin involucrar a la aseguradora.
En algunos casos incluso utilizan cómplices que se hacen pasar por testigos o supuestos ajustadores. Las autoridades consideran esta práctica una forma de extorsión porque se basa en intimidación, engaño y la exigencia de un pago injustificado.
Estos métodos se han vuelto frecuentes en distintas ciudades del país, lo que ha obligado a endurecer las penas y reforzar las medidas de prevención.
